Las filtraciones de Snowden son la punta del iceberg de
una red global de espionaje de señales liderada por EEUU, Reino Unido, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda
La opinión
pública y la clase política de Gran Bretaña y Estados Unidos quizá no quieran
llegar a comprender nunca del todo la importancia del torrente de revelaciones
sobre las escuchas electrónicas en todo el mundo que ha denunciado el exespía fugitivo Edward Snowden, pero para el resto del mundo, y en especial para
Europa, es un momento trascendental.
Los líderes
políticos europeos deben hacerse una serie de preguntas: ¿Desde cuándo los
derechos humanos no son universales? ¿Cuándo y cómo decidió el mundo no
anglosajón renunciar a los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad
comercial y la privacidad personal a cambio del privilegio de almacenar o
procesar sus datos en Estados Unidos?
Los documentos
filtrados revelan el
secreto del que se rodearon Estados Unidos y Gran Bretaña para concederse
poderes legales que les autorizaban a espiar todas las comunicaciones
personales y comerciales de cualquier sistema mundial de telecomunicaciones que
estuviera a su alcance. Que las comunicaciones intervenidas tuvieran o no alguna
relación con el terrorismo o la delincuencia era algo desconocido e irrelevante. Todo era susceptible
de ser examinado. Sin órdenes judiciales.
Dicho de otra
forma, los servicios secretos británicos han prostituido la situación
geográfica del país y la facilidad que le proporcionaba para reunir datos
europeos con el fin de reivindicar un poder secreto: el hecho de que el Reino Unido se ha
convertido en una superpotencia mayor que Estados Unidos en espionaje de Internet.
La organización multinacional de escuchas UKUSA, creada
por varios tratados secretos de posguerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña,
se llama hoy a sí misma los Cinco Ojos. Las agencias que forman parte de ella
compiten por ver quién tiene más penetración en las comunicaciones privadas y
comerciales a través de Internet.
Los Cinco Ojos
son los servicios de inteligencia de señales (SIGINT) de Estados Unidos, el
Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Engloban la Agencia de
Seguridad Nacional estadounidense (NSA) y el Cuartel General de Comunicaciones
del Gobierno británico (GCHQ). En los documentos se encuentran numerosos
comentarios informales que demuestran que la mayor satisfacción, para los
agentes de los servicios de inteligencia, es vigilar todo, franquear el mayor
número posible de sistemas de privacidad.
Los papeles
muestran que los miembros de los Cinco Ojos parecen competir entre sí por ser
los más poderosos en su mundo supranacional y secreto. También enseñan que,
aunque se aplican con precisión las normas legales cuando intervienen
comunicaciones de sus propios ciudadanos, no tienen ese cuidado, en absoluto,
cuando se trata de ciudadanos extranjeros.
Según los documentos
filtrados por Snowden, hoy, mañana y
todos los días desde hace tres años, cualquier dato, correo electrónico,
archivo o mensaje de texto que sale de Europa para su tratamiento en Estados
Unidos tiene muchas probabilidades de que lo copie y lo analice un sistema de
vigilancia británico cuyo nombre en clave es Tempora.
La vigilancia abarca redes de correo electrónico de
empresas estadounidenses como Google y Microsoft y el sistema de telefonía por
ordenador Skype, además de llamadas telefónicas corrientes que se dirigen a
Estados Unidos o cruzan el país debido a la enorme capacidad de tráfico de
datos a través del Atlántico norte.
Cada elemento
de información enviado a través de los enlaces intervenidos se copia y se
retiene durante tres días mientras los ordenadores de los servicios de
inteligencia británicos lo examinan y extraen la información sobre los
remitentes y los destinatarios. Luego se selecciona el contenido de algunas
comunicaciones concretas para guardarlo de manera indefinida.
El resto, la
información sobre quién ha llamado a quién o quién se ha conectado con quién,
se filtra y se transfiere a otro sistema de almacenamiento informático. Después
de clasificarla y filtrarla, la información de Tempora pasa a formar parte de
una gigantesca base de datos común sobre quién ha llamado a quién o quién se ha
conectado con quién en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Puede existir
aún cierto grado de protección para una minoría de comunicaciones que circulan
por cables submarinos que no llegan a Gran Bretaña, sino directamente de
Norteamérica al continente europeo, a las costas de Francia, España y Portugal.
No sabemos. Snowden seguramente sí, pero todavía no ha revelado si esos cables,
cuando tocan tierra en Estados Unidos y Canadá, también están intervenidos y
permiten que se capturen y procesen sus datos allí. Parece probable, dadas las
costumbres de las agencias colaboradoras en otros tiempos.
Que los datos interceptados tengan o no que ver con el
terrorismo o la delincuencia es algo irrelevante
La dimensión y
la ubicuidad de este programa de vigilancia suscita un interrogante real e
inmediato para los países y las instituciones europeas, porque las revelaciones
de Snowden confirman también que ninguna cosa que llegue a través
de Internet del extranjero a Estados Unidos o los proveedores estadounidenses
de Internet va a poder seguir siendo privada.
Desde hace
meses están en marcha unas delicadas y complejas negociaciones entre la UE y
Estados Unidos sobre la protección de datos en la nube de almacenamiento
y procesamiento remoto de datos. Con las revelaciones, se han sumido en el
caos.
Los activistas
británicos, alemanes y holandeses llevan mucho tiempo intentando alertar al
mundo sobre la importancia de una ley actualizada que aprobó Estados Unidos en
2008 y que autoriza al gobierno federal a emitir órdenes judiciales secretas
para exigir a las empresas de Internet que entreguen todos sus datos originados
en el extranjero.
La nueva ley se
aprobó en parte para legalizar la vigilancia secreta de las redes de telefonía
dentro y fuera de Estados Unidos, que el Gobierno norteamericano emprendió poco
después del 11-S. El sistema se conoce como “escuchas sin orden
judicial”. Las nuevas normas concedían a las empresas estadounidenses que
hubieran cumplido las demandas secretas del gobierno de entregar los datos
inmunidad procesal frente a posibles querellas de los clientes cuyos datos se
copiaran.
El presidente Obama, que entonces era senador, votó a favor.
La nueva norma
es la Ley de Enmienda de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera
(FISAAA, en sus siglas en inglés), aprobada en 2008. Es la versión revisada de
una ley de 1978, aprobada después de que las investigaciones sobre el Watergate
sacaran al descubierto programas de espionaje ilegal por parte de los servicios
de inteligencia estadounidenses. Las informaciones dieron pie a que el senador
Frank Church, que presidía el principal comité investigador, advirtiera de que
el poder de la NSA le daba “la capacidad… de implantar una tiranía total”.
Treinta años
más tarde, da la impresión de que ese era el plan.
No solo FISAAA
no exige que la vigilancia se lleve a cabo exclusivamente en casos de
terrorismo o crímenes graves, sino que especifica que autoriza todas las formas
de espionaje político y económico de ciudadanos extranjeros. FISAAA protege a
los estadounidenses del espionaje generalizado y sin orden judicial, pero a
nadie más. En concreto, autoriza la recogida de datos sobre cualquier
“organización política de origen extranjero” o que tenga que ver con cualquier
“territorio extranjero y que esté relacionada con la política exterior de
Estados Unidos”. En la práctica, a no ser que uno sea ciudadano estadounidense
y viva en Estados Unidos, no hay ningún límite.
El hecho de que
Estados Unidos siempre ha llevado a cabo ese espionaje lo reconoció en marzo de
2000 el exdirector de la CIA James Woolsey cuando respondió al informe del
Parlamento Europeo sobre la red Echelon
de espionaje de los satélites comerciales de comunicaciones (yo fui el autor de dicho informe).
Al explicar
“por qué espiamos a nuestros aliados”, Woolsey bramó y añadió: “Sí, amigos del
continente europeo, os hemos espiado. Y es verdad que usamos ordenadores para
clasificar los datos mediante palabras clave”. Dijo que lo hacían porque, en su
opinión, las empresas europeas pagaban sobornos.
El informe sobre
Echelon derivó en la presentación de numerosas recomendaciones de sobre
protección de la privacidad y seguridad comercial en el Parlamento Europeo. Todas se aprobaron en
2001. Seis días después, los terroristas golpearon Nueva York y Washington. Y
las recomendaciones quedaron olvidadas, hasta ahora.
Los defensores
europeos de los derechos digitales alegan que FISAAA autoriza “la vigilancia
general de ciudadanos no estadounidenses por parte de servicios de seguridad
estadounidenses” y que es incompatible con los derechos fundamentales
establecidos en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y el Convenio
Europeo de Derechos Humanos.
En vista del
caso Echelon y otras controversias anteriores, la comunidad internacional
sospecha desde hace decenios que la organización global de escuchas
electrónicas dirigida por los anglosajones ha obtenido acceso secreto a
prácticamente todas las comunicaciones civiles y militares del mundo y con
fines muy diversos; no solo para combatir el terrorismo y el crimen, que están
dispuestos a confesar, sino también para obtener informaciones económicas,
políticas y personales de todo tipo.
Estas sospechas se han visto confirmadas por la
abundancia de documentos ultrasecretos que Snowden ha entregado a los periódicos
británicos y estadounidenses. Políticos alemanes de todas las áreas del
espectro político, incluida la ministra de Justicia Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger, han calificado las acciones de británicos y
estadounidenses de “catástrofe”.
Las revelaciones
de Snowden confirman hasta qué punto los servicios de SIGINT han integrado a su
personal, sus sistemas de vigilancia y sus actividades de espionaje. Aunque
Snowden es estadounidense y
trabajaba en Hawai, al parecer
tenía acceso a una gran variedad de documentos ultrasecretos que eran obra y
parte del GCHQ británico. Entre ellos están los informes de una gran operación
de vigilancia contra las delegaciones invitadas a la cumbre del G20 celebrada
en Londres en 2009. Los blancos del espionaje eran, todos, socios de Estados
Unidos y Gran Bretaña, además de otros Estados más pequeños como Turquía y
Suráfrica.
El gobierno
británico ha puesto como condición para conceder licencias de cables submarinos
que, cuando esos cables lleguen a suelo británico, haya siempre dos conexiones
en la costa. Un enlace va al teléfono o la red de internet normales; el otro va
en secreto a unos centros de inteligencia situados en Buda, en la costa oeste
de Cornualles, o a la sede el GCHQ en Cheltenham, en el centro de Inglaterra.
Otras bases de recogida de datos están situadas en Chipre y en la Isla de la
Ascensión, en el Atlántico sur.
Otra gran base
más de escucha que posee en Estados Unidos se encuentra en el norte de
Inglaterra, en Menwith Hill, Yorkshire. Está especializada en interceptación de
satélites, y al parecer logró intervenir las llamadas del presidente ruso Putin
durante su asistencia a la cumbre de 2009.
Cualquier dato que sale de Europa para EEUU tiene muchas
probabilidades de acabar en el sistema británico de vigilancia Tempora
Snowden ha dado
a conocer asimismo detalles de un programa de la NSA llamado Prisma, que
permite a los agentes de Estados Unidos y los demás países de los Cinco Ojos
tener acceso a los historiales completos y el contenido de nueve grandes
empresas de servicios de Internet, entre ellas Google y Facebook.
Los ciudadanos
estadounidenses se han enterado, gracias a las revelaciones, de que sus
comunicaciones privadas no han quedado totalmente a salvo de la vigilancia de
la NSA. El primer dato que se dio a conocer fue una orden judicial secreta,
renovada de forma automática cada tres meses, que exige que la compañía
telefónica Verizon entregue todos los registros de llamadas al FBI y la NSA. La filtración de la orden confirmó que las empresas
telefónicas de Estados Unidos han estado entregando sistemáticamente toda la
información sobre todas las llamadas de teléfono hechas y recibidas en Estados
Unidos. La costumbre, que comenzó por orden del presidente Bush tras el 11-S, ha continuado y se ha ampliado con
el presidente Obama.
Si bien las
autoridades británicas y estadounidenses alegan que han actuado dentro de la
ley y para proteger a la sociedad, no parecen muy interesadas por el daño que
hacen a las sociedades democráticas y la libertad de expresión solo con la
existencia de su sistema de espionaje. La vigilancia generalizada y sin objetivos
específicos conduce de inmediato a la autocensura, la inhibición de la
disidencia y, en los casos más extremos, la restricción de la libertad de
reunión y la libertad de comunicación.
Las peores
víctimas son el discurso democrático y la participación ciudadana. Los
activistas como el experto británico en privacidad Caspar Bowden dicen que
“todavía estamos a tiempo de despertarnos e interrumpir nuestra larga marcha
sonámbula hacia una irreversible pérdida de soberanía sobre nuestros datos en
la nube”. Para que sea así, las instituciones de la UE tendrán que actuar de
manera decisiva y detener la invasión de nuestra privacidad que nos llega del
otro lado del canal de la Mancha.
raducción de
María Luisa Rodríguez Tapia.
