Teniendo por delante la definición de territorio entendido como suelo, que consigna la Constitución Política ([1]), por lo general el debate en el Perú ha oscilado entre concebir al territorio como “suelo ocupado” donde la inversión debe merecer cierto control; o “como contenedor de biodiversidad”, que exige un manejo más escrupuloso de los recursos que posee. La madeja de dispositivos legales que existe en relación con los territorios se ubica en la intersección de ambas visiones, que forman parte en realidad una línea continua que permite al estado aplicar políticas de inversión flexibles, hasta donde la sociedad lo permita. Los desencuentros se producen a fin de cuentas por lo equívoco de esta falsa disyuntiva que intenta establecer límites al interior de las cuales teóricamente se podrían manejar las situaciones conflictivas sin poner en tela de juicio los problemas de fondo. De esta situación se aprovechan las partes para mantener la ambigüedad sobre el carácter vinculante de los instrumentos legales a los que se puede apelar en uno u otro caso.
Por el contrario, la redefinición del concepto “territorio” en la perspectiva planteada lleva a reconocer que el territorio es un sistema vivo que se desarrolla sobre la base de las relaciones que se establecen a su interior. Paso previo para aceptar la existencia de actores en el territorio y examinar la naturaleza de sus relaciones.
Ricardo Méndez ([2]) señala que frente a una visión que intentaba explicar los territorios por condicionantes casi exclusivamente estructurales, las teorías de la acción han adquirido en los últimos años un importante protagonismo en las ciencias sociales. “Este tipo de enfoques – dice el autor – centra la atención sobre la existencia de individuos y organizaciones que, a partir de la toma de decisiones, ejercen un efecto determinante sobre la construcción y destrucción de las realidades socioespaciales que interesan a los geógrafos”.
Siguiendo a Michel Crozier ([3]), los seres humanos somos agentes relativamente autónomos capaces de adaptarnos y de inventar soluciones en función de las circunstancias que se presentan. Pero nuestro comportamiento y nuestras reacciones no son totalmente predecibles. Entre otros factores, porque poseemos información limitada de la realidad y por lo tanto, libertad restringida para tomar decisiones de manera totalmente racional.
La acción colectiva que orienta el comportamiento de los actores, corresponde a soluciones específicas creadas o instituidas, concientes o “naturalizadas”, dirigidas a actuar en común para aprovechar un espacio o una oportunidad. Se realiza por acción secuencial a partir de respuestas que se van aprendiendo por la experiencia y busca resolver un problema central de ¿cómo lograr la cooperación?, en un contexto en el que cada quien persigue objetivos divergentes y hasta contradictorios. Este problema, dice Crozier, usualmente se resuelve mediante la coacción o por negociación. En ambos casos se reconoce la existencia de relaciones de poder y de dependencia, de cooperación y de conflicto. Los modos de organización, como soluciones construidas, están orientados a afrontar con éxito este problema.
Esta acción colectiva de los diferentes actores pretende alcanzar objetivos comunes, aprovechar las circunstancias favorables y hacer frente con éxito a eventos desfavorables. Al interior de este proceso se producen juegos de diverso tipo, en un sentido y en el otro, que parten de la coincidencia fundamental de que es indispensable preservar el espacio común que garantiza la sobre vivencia ([4]).
Existen diversas formas de abordar el análisis de los actores en el territorio: Por dimensión; por características estructurales, por objetivos e intereses; por relaciones de poder. Si trabajamos a partir del criterio básico de dimensión, y examinamos la esfera de lo económico, observaremos que un actor fundamental en el territorio es la empresa. Hoy en día el avance del conocimiento científico y social, está posibilitando replanteamientos teóricos y prácticos que indican que las unidades económicas se imbrican en el ecosistema en el que actúan, y se comprometen con él. Se la considera por tanto a la empresa como un tipo particular de ecosistema en el que la “economía” no es enemiga de la ecología; y donde se pone en cuestión la focalización exclusiva de la actividad sobre el producto, revalorando la importancia de los desechos, del ambiente, de los flujos y de las relaciones. Lo cual, a su vez, debería poder manifestarse en un incremento de la productividad de las empresas.
Suren Erkman, periodista y profesor en la universidad de Lausana relata que en septiembre de 1989 la revista Scientific American publicó un número especial consagrado a la gestión del planeta tierra. El articulo “Estrategias industriales viables”, como parte de ese dossier, estaba escrito por Robert Frosch y Nicholas Gallopoulos, vice-presidente de investigación y responsable de motores, de la General Motors, respectivamente ([5]). En dicho artículo, ambos autores afirman que debería ser posible poner en marcha métodos de producción industrial que impliquen una disminución sustancial del impacto negativo en el ambiente. Hipótesis que los condujo a introducir la noción de “ecosistema industrial”. De esa fecha a esta parte se han hecho una serie de estudios y propuestas y se ha definido el término hasta de veinte maneras distintas. Pero coincidiendo siempre en que la noción “ecosistema industrial” permite tener una visión global, integrada de todos los componentes del sistema industrial y de sus relaciones con la biósfera. Un ejemplo paradigmático de lo que puede lograr en ese sentido, dice Erkman, es el parque empresarial de la ciudad danesa de Kalundborg, donde se ha construido una simbiosis entre distintos procesos productivos que se nutren y apoyan unos a otros. Sobre la base de la experiencia de Kalundborg apareció en la década de los años noventa el concepto de parque eco industrial, zonas donde las empresas operan para la utilización adecuada de los recursos y valorizan y reutilizan los desechos. En 1997 ya se habían constituido unos quince parques de este tipo en Estados Unidos, así como en Canadá, Holanda y Austria, entre otros países.
“Una idea cercana a la de los parques eco industriales – dice Erkman – es la de la “biocenosis industrial”. En biología el concepto de biocenosis se refiere al hecho de que en los ecosistemas las diferentes especies de organismos se encuentran de acuerdo con asociaciones particulares. Es posible extender este concepto a los complejos industriales buscando determinar las mejores asociaciones. Por ejemplo, en vez de implantar de manera aislada una unidad de producción de caña de azúcar, se debería pensar desde el comienzo a conformar un complejo integrado orientado a utilizar de manera óptima todos los flujos de materia y de energía ligados a la explotación de la caña de azúcar”.
Abundando sobre la idea de “empresa innovadora” en el articulo antes citado Ricardo Méndez relata que en los años ochenta dentro del campo de la economía espacial se empezó a sostener, a partir de las experiencias de concentración espacial de las empresas innovadoras, que la vinculación de las empresas era en gran medida resultado de la existencia de un entorno territorial con características específicas. “Si la teoría del distrito industrial (Sforz 1999), la referencia a los sistemas productivos localizados (Benko y Lipetz 2000) o las primeras propuestas de desarrollo local (Fridman 1992) ya apuntaban en esa dirección (…) Otras posteriores como las de las ventajas competitivas de las naciones y regiones o la del medio innovador y las redes de innovación (Maillat y Grosiean 1999 yMaillat y Kebir 1998), centraron su atención en estos objetivos” puntualiza Méndez.
¿Cuáles son algunas de las características de estas empresas innovadoras? Son funcionales, se adaptan; son estructuralmente flexibles; son “comportamentales” (portadoras de una nueva cultura empresarial) y son “relacionales” con el entorno, promotoras de un clima social favorable y animadora de redes locales de desarrollo.
Dicho esto debemos concordar sin embargo que una gran cantidad de empresas y la actividad económica en general todavía continúan funcionando a la usanza tradicional, con poca responsabilidad social, buscando maximizar las ganancias en tiempos relativamente cortos. Un ejemplo de ello es la minería, poco proclive al desarrollo de relaciones innovadoras con el medio, que en los últimos veinte años parece haber experimentado niveles vertiginosos de expansión en todo el mundo poniendo en riesgo el equilibrio de ecosistemas vitales como los glaciares, la Amazonía, los páramos, los sistemas de lagunas y las cabeceras de cuenca ([6]), que han alimentado numerosos conflictos sociales y obligado a algunos países a aprobar normas de protección que buscan proteger los glaciares en Argentina por ejemplo, o la minería aurífera en cielo abierto en Costa Rica. En el caso particular peruano De Echave informa que desde inicios de los años noventa a la actualidad el área ocupada por las concesiones mineras pasó de dos millones trescientos mil hectáreas a veinte y un millones doscientos ochenta mil hectáreas. Una parte significativa distritos del país se encuentran hoy superpuestos a concesiones mineras. Las cifras dan cuenta que en Huancavelica por ejemplo, el 92% del área de las comunidades campesinas y el 52% del departamento se hallan en esta situación, afectando al 87% de la población rural. Se espera que en los próximos años esta tendencia continúe, a la luz de la inversión anunciada. Si extendemos el concepto a otras actividades extractivas como el petróleo e incorporamos actividades como la minería informal, la tala ilegal de árboles y la siembra de hoja de coca, podemos afirmar que el territorio en el Perú experimenta hoy un altísimo grado de vulnerabilidad por el grado de conflictividad que pueden suscitar estas actividades o por el desarraigo que pueden producir.
Teniendo en cuenta la importancia que tienen estas actividades para el país, para la región y para la propia localidad ([7]), los actores locales reaccionan en cada caso de acuerdo a las necesidades concretas. Mientras que los agricultores o ganaderos adoptan por lo general una posición más bien contraria a ellas, los comerciantes y proveedores urbanos se manifiestan tácita o explícitamente a favor y las autoridades intentan mediar y/o favorecer a una u otra parte. Este comportamiento no se reduce empero de manera mecánica a la defensa de intereses o a la búsqueda de oportunidades. Está también influido por razones históricas, culturales, sociales o políticas, o por objetivos comunes que no son percibidos a primera vista (y que en un enfoque centrado en el mercado no se valoran adecuadamente), que sin embargo pueden influir de manera decisiva en el curso de los acontecimientos.
[1] El artículo 54 define al territorio nacional como un espacio inalienable e inviolable donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. Comprende el suelo y el subsuelo, el mar y el cielo aéreo. No menciona que el territorio es un sistema, que tiene actores y relaciones y dónde los seres vivos juegan un rol fundamental. Debe hacerse notar no obstante, que el reglamento de Ley Orgánica Conservación y aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad Biológica. (DS. 068-2001-PCM en su artículo 87matiza esta definición al puntualizar que “el territorio es el espacio geográfico vinculado a un grupo social, que resulta a través de los espacios proyectados por los grupos sociales a través de las redes, circuitos u flujos”
[2] “Innovación y Desarrollo Territorial”, Revista EUre, Santiago, Vol. 28 No 84, septiembre 2002
[3] Sociólogo y profesor universitario francés, considerado como el padre del análisis estratégico. Escribió en 1977 “L’Acteur et le Système”, Senil, París.
[4] ¿Cuál podría ser, en efecto, el criterio válido para alterar el equilibrio de un territorio? ¿El interés nacional? ¿La ausencia de titularidad legal? ¿El bien común? Teniendo en cuenta que el primero constituye un caso de excepción, y que la segunda, ya sea individual o colectiva, constituye de hecho una cierta garantía que nunca es absoluta, debemos examinar el tercer criterio esgrimido, el ´”bien común”, que permitiría que una sociedad más amplia (el país) usufructúe los beneficios que ha obtenido un territorio (como producto del desarrollo de una actividad). Pero ¿cuál es el valor del sistema vivo que se está trocando a cambio de este beneficio común? Por el momento no existen instrumentos de medición adecuados, como la huella ecológica por ejemplo, que permitan determinar con propiedad los costos que supone la intervención proyectada. Y no es posible fijar con exactitud si estos costos serán mayores o menores que los beneficios esperados. Por el momento el valor que se asigna a un sistema vivo (es decir un territorio) está determinado por el mercado en general y por las empresas en particular en función de los costos de producción y las expectativas de ganancia, considerando los gastos de prevención y de mitigación, la expectativa social y la capacidad negociadora del estado.
[5] Suren Erkman: Vers une Ëcologie Industrielle”, Charles Léopold Mayer Ëditions, París 1998.
[6] V: “La Minería peruana y los escenarios en transición”, José De Echave Cooperación, en: “Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú”, Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas, Editores, Cepes abril 2011.
[7] Para el caso de la importancia de la minería hoy en el Perú, consultar por ejemplo: “Conflictos mineros, interculturalidad y políticas públicas: el caso de Las Bambas, provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac. Informe final, Clotilde Gouley, Lima - Octubre del 2005, Centro Bartolomé de Las Casas, Cusco.
