Los avances en materia de vivienda habidos en la región en las últimas décadas son relativos. Hoy día más del 40% del total de los hogares de América Latina y El Caribe habita en viviendas inadecuadas[1]. En la última década el déficit total de vivienda se incrementó de 52 a 54 millones y de ese total el déficit cualitativo pasó del 60 al 81%. A pesar del crecimiento económico y del boom inmobiliario, cada vez más personas viven en situación precaria, sin posibilidad de acceso al un mercado convencional que se satura de viviendas para cubrir principalmente la demanda de los sectores de ingresos altos.
El Perú no es una excepción. Las cifras
oficiales arrojan un déficit de un millón ochocientas mil viviendas La mayor
parte corresponde a déficit cualitativo, es decir, vivienda construida con
material precario, en zona de riesgo, hacinadas o tugurizadas, sin servicios
básicos o sin seguridad jurídica. Basta
dar un vistazo por los alrededores de las principales ciudades para
observar cómo día a día aparecen nuevos
barrios informales o se consolidan otros, poniendo en riesgo la vida y la salud
de los habitantes. Baste como ejemplos mencionar los casos de Belén, en
Iquitos, de La Oroya,
de los barrios formados a las afueras de Chiclayo, Trujillo o Piura por el Norte,
de Arequipa por el Sur, Cusco o Ayacucho
por el Este. En Lima este problema de la vivienda se grafica en el casco viejo
de la ciudad, en los asentamientos de Ventanilla en el Callao,
o en aquellos que surgen en laderas de cerros en Vitarte, Puente Piedra, o San
Juan de Lurigancho.
¿A qué se debe que esta situación, en un contexto de auge inmobiliario, se agrave con los años en vez de
aliviarse? Las respuestas pueden ser
diversas. Alto precio del suelo y de las
viviendas en el mercado, créditos
hipotecarios restrictivos, altos intereses, construcción destinada a los
sectores altos, políticas públicas que apostando por un rol facilitador, dejan
la solución del problema al capital privado. Pero también pobreza e inequidad
en la distribución del ingreso, e
informalidad. Como han demostrado
diversos estudios, el problema de la vivienda está estrechamente asociado a la
pobreza y a la inequidad en la distribución del ingreso. Los sectores pobres y
muy pobres están obligados a vivir en lugares inadecuados en pésimas condiciones
porque sus ingresos no les permiten acceder
a un crédito hipotecario. Y cuando ocasionalmente sí lo pueden hacer, la falta
de garantías suficientes ante los organismos crediticios constituye una barrera
a veces infranqueable. Esto ocurre inclusive con los propios programas
promovidos por el Estado que, aunque subsidiados, no están al alcance de las familias pobres.
Por
eso la alternativa de los sectores de bajos ingresos es la ocupación informal
de terrenos públicos de poco valor, o el mercado informal y la
autoconstrucción progresiva.
XVI Asamblea
General de Ministros y Autoridades Máximas de América Latina y el Caribe y del
XII Foro Iberoamericano:”
El Derecho a la Ciudad como Respuesta
Estratégica a la Exclusión Social y a la Segregación Espacial”, Santiago de
Chile, 2007.
