El 18 de marzo se ha
cerrado un ciclo en la política peruana, marcado por la solicitud de
revocatoria presentada contra la gestión de
Susana Villarán y todos sus regidores al frente de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Como se sabe, la campaña pro-revocatoria, promovida por
el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio y su partido Solidaridad Nacional,
empezó, a los pocos días de
instalado el nuevo Concejo Metropolitano, luego de que la nueva alcaldesa de la capital
peruana anunciara que iba a auditar el manejo
económico de la gestión de Castañeda y a llevar hasta las últimas consecuencias el
sonado caso “Comunicore”. El argumento para tentar la revocatoria por parte de
Solidaridad Nacional y de Marco Tulio Gutiérrez fue el de una supuesta ineficiencia por parte de la municipalidad de Lima para resolver los problemas de la ciudad
y atender las demandas de la población mayoritaria. Con esa bandera, y aprovechando la inconformidad que mantiene la
población para con los políticos y la política en general, el grupo de
revocadores empezó una activa campaña de recolección de firmas utilizando todos los medios
“non santos” al alcance: Presentación de planillones con firmas falsas, utilización
del nombre de personas fallecidas,
regalo de fideos y de galletas, afirmaciones
mentirosas. A pesar de que el propio Jurado Nacional de Elecciones denunció el
hecho, y de que las firmas fueron presentadas a destiempo, en una actitud por demás sospechosa, el ente
electoral terminó acogiendo el pedido y convocando a la consulta popular. Por cálculo político Pronto se sumaron al cargamontón
partidos acusados de corrupción como el Apra y el fujimorismo, aunque este
último mantuvo un perfil más bien bajo y formalmente dejó a su militancia en
libertad. Entre otros, también un sector de transportistas que se sintió
afectado por la reforma del transporte y de comerciantes que no estuvieron de
acuerdo con el traslado del Mercado Mayorista de alimentos al distrito de Santa
Anita. Y alcaldes de algunos distsritos como El Agustino y San Juan de Lurigancho, que en todo momento impidieron con violencia y utilizando su poder, que los partidarios del NO hicieran campaña.

Por otro lado, en
términos estrictamente legales, el dispositivo que norma la revocatoria es
sumamente inadecuado, y atenta contra la
estabilidad de gobierno. Por ejemplo, permite iniciar un proceso sin necesidad
de explicitar alguna causa concreta de lo justifique, y revocar a una autoridad municipal con menos
votos que con los que fue ésta fue elegida.
Como consecuencia de lo
anterior el sentido común, la percepción de la ciudadanía era, hasta días antes
de la consulta, que la revocatoria era
inevitable. La realidad ha sido
diferente. A pesar de todos los contratiempos el resultado ha sido favorable a
La alcaldesa de Lima, aunque algunos de sus principales acompañantes corren el riesgo
de ser revocados con una cantidad mínima
de votos. Jugó a favor de la campaña del NO la configuración de una amplia
corriente ciudadana que, diferenciando
entre el justo malestar de la población y los intereses mezquinos de unos
cuantos, trazó una línea divisoria y optó por la decencia, como ya lo había
hecho antes con el fujimorismo. Los “Rostros
del NO”, que agrupó a muchos personajes públicos de real valía, al que se sumaron partidos democráticos,
instituciones cívicas y organizaciones sociales, constituyeron un eje
importantísimo para contener los
arrebatos del SI y
del coro de voces complacientes que dieron cabida a tanto insulto y a tanta
diatriba.
No hubiese sido posible
la gestación de esta corriente ciudadana que ha permitido que se ratifique a
Susana Villarán como alcaldesa de Lima, si es que no hubiesen habido bases
sólidas de sustento. Contrariamente a lo que señalan muchos críticos
interesados, la gestión de la Municipalidad de Lima en estos dos años de
gestión, ha sido en esencia, una buena gestión. En primer lugar porque ha actuado con una mirada de largo plazo, afrontando
problemas de fondo de Lima, como son la reforma del transporte y el traslado
del mercado Mayorista a los que nunca antes alguien se había atrevido a
enfrentar y diseñando y aprobando el nuevo Plan de Desarrollo Concertado; En segundo
lugar, porque ha actuado con total transparencia y con una vocación genuinamente
democrática. La misma Lurdes Flores ha
dicho: “A Susana le dejo mi cartera abierta”. Pero a su vez, por primera vez se ha hecho funcionar a la
Asamblea metropolitana de Lima y se han hecho púbicas las sesiones de Concejo;
En tercer lugar porque se ha enfatizado una gestión que pone en primer lugar a
la persona humana, aprobando políticas y
programas tales como Barrio Mío y Vivienda Popular, y generando espacios de
encuentro recreativos y culturales a favor de la población; En cuarto lugar,
porque se ha sido eficiente en la gestión del gasto y en la ejecución de obras
importantes para Lima, como han sido la reformulación del proyecto Vía Parque
Rímac, la construcción de importantes obras viales y el compromiso de
inversiones por montos inéditos para la capital, En quinto lugar, porque
en la actual gestión han emergido
figuras nuevas de recrean y refrescan la política peruana. Ello no obstante, algunos de estos regidores, como es el caso
de Eduardo Zegarra o Mariza Glave, corren el riesgo de ser revocados por 7 mil
votos, de un universo de electores de seis millones, es decir, por el 0.1
% de electores. Lo cual resulta no solo injusto sino absurdo y poco democrático.
Como ya se ha dicho, en
caso que 14 o más regidores sean revocados,
digamos abril, los accesitarios de cada partido cubrirán sus
plazas hasta que se convoquen a elecciones para reemplazarlos. De todas formas la situación es tan anómala
que debería revisarse cuanto antes en el Congreso u otra instancia para
darle una salida legal al problema y no tener que ir a votar nuevamente para
reemplazar a un número de regidores. Si
ello no fuera así, podría decirse de
todos modos que la MML seguiría teniendo estabilidad todo el 2013. En el 2014, habría un
gobierno provisional, hasta el
final del segundo semestre, donde habrían elecciones regulares. Debiera pensarse entonces no solo en cómo
mantener la estabilidad del Concejo a corto plazo y qué hacer para dar
continuidad a las importantes reformas en curso en los próximos dos años, sino en qué hacer después. Una opción válida es
que se llegue a un acuerdo interno de
las fuerzas que están en el concejo para presentar, visto lo ilógico de la
situación, una alternativa que respete las actuales
proporciones. Sea alojada en un partido con
inscripción, sea mediante una alianza. Pero, ¿y
para las elecciones municipales regulares
posteriores cómo deben ir alineadas las fuerzas progresistas para tentar la
victoria? Los resultados del 18 de marzo, que indudablemente constituyen un
triunfo rotundo en el plano político, a pesar de los costos que ha traído consigo, obligan a adelantar la agenda electoral y
a perfilar nuevas perspectivas aprovechando las enseñanzas que nos ha traído
este período que concluye.
¿Cuáles son estas
lecciones? En primer lugar, que la pelea se sitúa en el plano político
y no vecinal. Lo que implica, por un lado, interpretar
el voto en contra del NO de la gente como
un voto tipo “que se vayan todos”, y por lo tanto, la necesidad de reengancharse racional y emotivamente con ella, llámese movimiento
social, sociedad civil o ciudadano. Por
el otro, tomar conciencia que plantearse gobernar el país o la ciudad y hacer
cambios, implica enfrentarse a fuerzas
muy poderosas, y requiere un perfil
claro de centro izquierda democrática, alianzas amplias, organización sólida y acceso a medios de comuicación. No nos
esperan meses de calma. La figura de Susana, fortalecida con este proceso,
continuará siendo blanco de ataques arteros. Cualquier iniciativa progresista
será víctima del bulling de una DBA
intolerante incapaz de concertar por el bien del país y de aceptar la existencia de una izquierda con capacidad de interlocución. Lo que ahora ha sufrido Susana y antes tuvo que soportar Humala, mañana, qué duda cabe, lo va a sufrir en carne propia Tierra y Libertad.